Conócenos

 

¿Dónde estamos?

Asóciate

 
 

Hemos leído/

 

 

Redención de penas en el Valle de los Caídos

Las fuentes rebaten al mito

Doctor Alberto Bárcena

Universidad CEU San Pablo

Revista Aportes.
 

 

 

Trabajadores en el Valle de los Caídos

 

Dos presos del Valle de los Caídos: Luis López Robledo
y Juan Tellería Astaburuaga (derecha),
sobrino de Juan Tellería, compositor de el
Cara al Sol

     

 

RESUMEN: La polémica en torno al Valle de los Caídos tiene, desde sus inicios, un eje principal: la historia de su construcción. Presentada sesgadamente como un cúmulo de atropellos cometidos contra los derechos humanos más elementales, los de los presos que trabajaron en su construcción. Se ha hablado de ellos como “esclavos de Franco”, explotados despiadadamente por un Régimen que habría buscado más la revancha sobre los presos republicanos que su redención. La misma Redención de Penas por el Trabajo que los llevó allí se ha presentado también como una “fachada magnánima” del mismo Régimen. La realidad fue bien distinta, tanto en relación con los presos como con la figura jurídica creada por el propio Franco durante la Guerra Civil con el fin de resolver, en la medida de los posible, el problema de los mal llamados presos políticos.

Palabras clave: Francisco Franco - redención de penas - Padre Pérez del Pulgar - Valle de los Caídos - trabajadores penados - condiciones laborales - leyenda negra - Matacuras.

ABSTRACT: The controversy surrounding “El Valle de los Caídos” has, since its inception, a main axis: the history of its construction. Submitted erroneously as an accumulation of outrages committed against the most basic human rights; the prisoners who worked on its construction. They have been considered “Franco’s slaves”, ruthlessly exploited by a Regime that would have looked more to the revenge on the republican prisoners than to their redemption. The same redemption penalties for work that led them there were also presented as a “magnanimous frontage” of that same Regime. The reality was quite different both in relation to prisoners and with the legal status created by Franco during the Civil War in order to solve, as far as possible, the problem of the misnamed political prisoners.

Keywords:
Francisco Franco - redemption penalties - Father Pérez del Pulgar - Valle de los Caídos - convicts workers - black legend - Matacuras.

Alberto Bárcena Pérez es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, Doctor por la Universidad CEU San Pablo por la tesis La redención de penas en el Valle de los Caídos. Desde 2001, profesor del Instituto de Humanidades Ángel Ayala de la Universidad CEU San Pablo, donde imparte Historia y Sociedad y ha impartido asignaturas de libre configuración como Historia de las Civilizaciones e Historia de España, de la que ha sido coordinador. Profesor en la Universitas Senioribus CEU de Historia Moderna y Contemporánea.

Prefacio

Obtuve el diploma de estudios avanzados (DEA) en la Universidad CEU San Pablo en julio de 2010 por mi trabajo La Redención de Penas en el Valle de los Caídos, que he mantenido como título de mi Tesis. Era el resultado de una investigación de seis años de duración; el tiempo que tardé en estudiar la ingente cantidad de documentación providencialmente encontrada en los inicios de mi trabajo. Una documentación que viene a desmentir una leyenda negra ya consolidada, por razones políticas, a nivel internacional: la del Valle de los Caídos como lugar de oprobio que supuestamente estigmatiza al bando ganador de la Guerra Civil española.

El objetivo inicial de mi investigación era mucho más amplio que el trabajo de los penados en el Valle de los Caídos: se trataba de analizar la figura jurídica que lo hizo posible; la Redención de Penas por el Trabajo, estudiando la historia de una parte considerable de la legislación de las primeras etapas del Régimen de Franco: la relativa a la Guerra Civil y a la inmediata posguerra, con objeto de conocer desde sus motivaciones y fundamentos teóricos hasta su desarrollo práctico. Con todas las circunstancias que influyeron en su aplicación y condicionaron la aparición de nuevas normas. Su necesidad se hizo patente a medida que iban poniéndose en práctica las primeras disposiciones, a la vista de la importancia que se le otorgó a la Redención de Penas como solución al problema de los presos políticos, entendiendo por tales, principalmente, los que fueron encarcelados por su participación en la propia guerra o en la represión de la zona republicana.

El tema realmente era tan amplio que podía ser -y en parte es- el origen de una serie de tesis doctorales en distintas disciplinas, según el enfoque que se le quiera dar.

Me dispuse a estudiar desde la idea y los primeros pasos hasta su puesta en práctica, todavía en plena guerra, pasando por el papel representado por los colaboradores de Franco -especialmente el jesuita padre Pérez del Pulgar y el general Máximo Cuervo- a la hora de concretarlo y adaptarlo a las necesidades de la población reclusa española de aquel momento.

Profundizando en las fuentes, podría realizarse un interesante ensayo en Filosofía de la Historia o sociología del franquismo. En dichas fuentes se encuentra la imagen que el régimen de Franco transmite treinta y ocho años después de su desaparición a través de todo un conjunto de leyes que aspiraban a ser “la solución que España da al problema de sus presos políticos” (y prisioneros de guerra habría que añadir) parafraseando al padre Pérez del Pulgar, uno de los creadores del nuevo sistema. Intérprete de la voluntad del legislador y parte fundamental en la puesta en marcha y configuración práctica del mismo, también Pérez del Pulgar ha sido frecuentemente descalificado por los detractores del Valle de los Caídos; autores de la leyenda negra de la que vengo hablando. Surge aquí una primera contradicción entre la imagen distorsionada del sacerdote y el texto de aquellas disposiciones. El espíritu que preside toda aquella legislación permite conocer a fondo los valores que exaltaba el régimen, los que trataba de imponer el nuevo Estado. Y resulta evidente que no se trataba de aniquilar al enemigo, como se ha repetido frecuentemente, sino de incorporar a la vida social, cuanto antes, a los vencidos y ayudar a sus familias mientras los penados cumplían sus condenas.

Un estado de la cuestión que refleja una manipulación política de la historia

Conviene, desde luego, conocer el texto de aquellas normas: su mera lectura ilustra sobre los fines de los legisladores de la época más que algunas interpretaciones posteriores como ya advertía el padre Pérez del Pulgar1. Frecuentemente, el sistema de redención de penas ha sido considerado como la hipócrita cobertura -o “fachada magnánima”- que utilizó el franquismo para disimular la explotación de los presos políticos, considerados incluso como “esclavos de Franco”, uno de los tópicos consolidados en las últimas décadas. Hasta el punto de ser este el título de uno de los libros que tratan sobre la cuestión2. Poco después, aparecía otra obra de título muy similar, Esclavos por la patria3, que venía a remachar la visión, más que negativa condenatoria, de la redención de penas por el trabajo, por citar solamente algunos ejemplos. Por otra parte, generalmente, los mismos autores que dan este tratamiento a la cuestión presentan también a la Iglesia católica como parte interesada -y despiadada en su conjunto- del aparato represivo del franquismo en lo que se ha llamado su “universo penitenciario”4. La vinculación entre represión franquista e Iglesia católica es ya la tónica general en buen número de publicaciones; las más sesgadas contra el franquismo, publicadas generalmente a partir de principios del presente siglo5, y principalmente durante las legislaturas de Rodríguez Zapatero, cuya Ley de Memoria Histórica amparaba un revisionismo histórico carente de la menor objetividad. El calado religioso -anticatólico- de la operación resultaba evidente tanto en los autores que colaboraron como en buena parte de las actuaciones de las asociaciones de la Memoria Histórica6. Pero también quería estudiar la redención de penas desde otro enfoque más concreto, fijándome en algunos aspectos del sistema: Talleres Penitenciarios y Destacamentos Penales y su relación con el Patronato de Redención de Penas por el Trabajo o Patronato de Nuestra Señora de la Merced7. Además, desde el principio, me proponía fijar una parte de mi investigación en el Valle de los Caídos, lugar emblemático del franquismo no solo por el significado del Monumento sino también por la manera en que fue construido, empleando, en parte -considerable- mano de obra de trabajadores penados, acogidos al sistema de la redención de penas por el trabajo. El hecho de contar allí con la presencia de fray Santiago Cantera, antiguo profesor del CEU, con quien coincidí durante mi primer curso en esta universidad, me ofrecía la posibilidad de acceder a fuentes primarias, teniendo en cuenta que allí se encontraban algunos de los monjes venidos de Silos para fundar la Abadía cuando todavía las obras no habían concluido totalmente y que habían conocido y tratado a algunos de los penados que allí redimieron sus condenas y allí continuaban como trabajadores libres desde hacía nueve años.

Esta decisión de centrar en el Valle de los Caídos mi estudio se vio reforzada al encontrar, iniciada ya la investigación, el importante fondo documental, custodiado en el Archivo General del Palacio Real de Madrid8 con el nombre Valle de los Caídos del que proceden las principales aportaciones de mi tesis.

Antes de iniciar el examen de la documentación de este archivo, disponía de una cantidad considerable de elementos de juicio sobre la cuestión: los testimonios de los que trabajaron en aquellas obras, incluyendo, en primer lugar, los de buen número de reclusos que fueron entrevistados por algunos de los autores que quedan recogidos en la tesis, destacando especialmente a Daniel Sueiro9 y Fernando Olmeda10, así como el del antiguo penado Miguel Rodríguez11. Todos ellos tienen algo en común: aunque no sea ese su objetivo, ni mucho menos, desmienten la leyenda negra del Valle. Porque siempre sucede lo mismo: los testimonios de los presos ponen de manifiesto la flagrante contradicción entre dicha leyenda y la verdadera historia de su construcción. Hasta tal punto que los autores que han publicado dichos testimonios, al hacerlo debilitaban sus tesis, generalmente contrarias a cualquier justificación de aquellas obras. Resulta irónico que sean precisamente ellos quienes hayan legado esos valiosos materiales a la posteridad. Por mi parte, recogí los testimonios de personas que en su mayoría nunca o rara vez habían hablado sobre la cuestión; los benedictinos por un lado12 y por otro algunas personas que trabajaron y vivieron allí o conocieron las obras y a los penados por tener alguna relación con las mismas: José Alburquerque13, Ángel Cereceda14, Salvador Iglesias15 y Pedro Romero16. Pero, como he dicho, la aportación fundamental de esta tesis procede de los miles de documentos estudiados, desconocidos en su mayoría hasta la fecha. Forman, en su conjunto, un mosaico cuya importancia, en general, se percibe solamente en la distancia, al observarlos como un todo que refleja la realidad de lo que fue la vida cotidiana de aquellos obreros y sus familias. Algunos de esos documentos desmontaban por sí solos ciertas “teorías” de origen legendario, como es la del elevado número de accidentes mortales durante la construcción. Tal es el caso de los relativos a la correspondencia mantenida entre la viuda de Alberto Pérez Alonso, -primero de los muertos en las obras-, el arquitecto de las mismas, Diego Méndez, y el ministro de la Gobernación17, que demuestra que dicha muerte se produjo el 5 de enero de 1948. Con toda claridad lo expone la interesada en la carta que dirigió al arquitecto: “Soy la viuda de Alberto Pérez Alonso que trabajaba como barrenero en la Cripta y en ella murió a consecuencia de accidente de trabajo el día 6 de Enero de 1948 (…) El hecho de que mi marido (q.e.p.d.) haya sido el primer obrero muerto en su puesto de trabajo aquí en el Valle me hace pensar que V tomará con cariño mi petición (…)”18.

Es decir, que durante los ocho primeros años no se había producido ningún accidente mortal, lo que constituye una prueba irrefutable de la baja siniestralidad registrada en aquellas obras19. Otros documentos son menos contundentes pero en muchos aspectos forman tal cúmulo de fuentes que valen tanto como aquel. Adelanto algo que llevé a las conclusiones de la tesis: la leyenda negra del Valle de los Caídos cae por su propia inconsistencia cuando es sometida a examen comparativo con estas fuentes primarias. Es más, dichas fuentes transmiten un realidad no diferente sino contraria a la imagen siniestra que se ha construido en torno al Monumento Nacional a los Caídos.

Como vengo diciendo, la mayor parte de la documentación estudiada es la conservada en el Archivo General del Palacio Real de Madrid, sección de Administraciones Patrimoniales/Administraciones Generales20 que conserva un fondo de gran valor, imprescindible ya, para conocer en profundidad la historia de la construcción del Valle de los Caídos, el que lleva su nombre. Se trata de un conjunto de 69 cajas donde se recogieron todos los pormenores de aquellas obras, en ocasiones hasta en sus más nimios aspectos. A través de miles de documentos de distinto rango: desde los decretos fundacionales21 hasta los recibos que justificaban los menores gastos cubiertos por el Consejo de las Obras del Monumento Nacional a los Caídos, organismo creado por la Jefatura del Estado para dirigir, controlar y administrar dichas obras.

Dicho Consejo fue, además, el órgano a través del que se relacionaron todos los implicados en la construcción con los distintos organismos oficiales que tuvieron que prestar su colaboración; una compleja maquinaria que generó ingentes cantidades de documentación, perfectamente conservada y casi desconocida hasta ahora.

Este fondo ha sido consultado, lógicamente, por alguno de los investigadores interesados en el Valle de los Caídos, pero yo tenía la práctica seguridad de que hasta ahora no se había realizado un examen minucioso de todas y cada una de sus cajas a juzgar por las publicaciones relativas al asunto. Concluida la investigación, en el propio Archivo se me confirmó que efectivamente nunca se había acometido la tarea de realizar esta labor.

La elocuencia de las fuentes primarias

El examinar la totalidad de esas cajas -no hay que decirlo- ha significado una tarea de años cuyo resultado es el contenido de esta tesis que aspira no solo a establecer la verdad histórica sino a proporcionar a los investigadores interesados en el tema una guía útil para su estudio. Son tantos los aspectos técnicos, artísticos, laborales o económicos que pueden analizarse a partir de estas fuentes que la historia del franquismo podría enriquecerse con una serie de trabajos de investigación a partir de ellas.

Téngase en cuenta que los organismos -Gobierno de la Nación; Jefatura del Estado; Gobiernos Civiles de Madrid y otras provincias; Consejo de las Obras del Monumento Nacional a los Caídos; Regiduría del Valle de los Caídos; empresas beneficiarias de las contratas del Valle; Destacamentos Penales, Ministerio de Justicia (Patronato Central para la Redención de Penas por el Trabajo o de Nuestra Señora de la Merced); Patrimonio Nacional- implicados produjeron documentación relativa al asunto permanentemente durante un período de veinte años, desde su inicio hasta la entrega de las obras. A la que debe añadirse la originada por los particulares, muy señaladamente los trabajadores -libres o penados- que allí vivieron.

Traté de aportar al menos una parte considerable de aquellos documentos que ilustran mejor los diferentes aspectos de este trabajo, aquellos en los que he basado las conclusiones, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Número de trabajadores con la proporción de penados que había entre ellos en los diferentes momentos de las obras, siempre que fuera posible establecerlo, algo que ocurre rara vez al no especificar frecuentemente ni las empresas ni los organismos implicados dicha proporción.
- Alimentación de los trabajadores, que sí puede conocerse con bastante detalle estudiando la misma documentación que nos permite establecer su número.
- Las condiciones de vida de los penados en el Valle de los Caídos que conocemos sobre todo por la documentación relativa a solicitudes de viviendas o de pases para visitar el Valle, así como la relativa a la escuela y al hospital o cualquier otra relacionada con la Regiduría.
- Los salarios y cargas sociales que aparecen en las cajas relativas a las empresas junto a las certificaciones de obra.
- Las indemnizaciones recibidas por los trabajadores al finalizar las obras.

De los casi veinte años que duraron las obras solo durante siete trabajaron reclusos: entre 1943 (fecha de su llegada, tres años después de iniciarse la construcción) y 1950 (año en el que los últimos alcanzaron la libertad), cuando todavía faltaban nueve años para que pudiera inaugurarse el monumento.

Ese era el período más interesante, pero no podía excluirse el resto de los años ya que los anteriores me permitirían conocer la situación de los trabajadores libres desde el inicio de las obras hasta la instalación de los primeros destacamentos penales a fin de poder establecer una comparación entre la situación de unos y otros. Aunque ambos grupos convivieron en todo momento, era necesario conocer la situación anterior a 1943, más precaria por cierto que la de años posteriores a la llegada de los penados. Gracias al estudio de esta primera etapa, pueden apreciarse la importancia de los cambios introducidos en materia laboral durante los años cuarenta, así como las mejoras en alimentación y viviendas que se fueron implantando sobre todo en la segunda mitad de la década.

En cuanto a la etapa posterior al indulto de los últimos presos, es decir a partir de 1950, también debía ser estudiada porque, aunque la redención de penas había dejado de aplicarse en el Valle, podían conocerse sus resultados a través de la trayectoria de muchos de aquellos penados que permanecieron allí incluso hasta el final de las obras y también después en algunos casos.

Conocía los nombres de algunos de ellos por testimonios y publicaciones, pero a otros los fui identificando por aparecer repetidamente en la documentación de los años anteriores con expresa mención de su condición de penados. De estos era necesario tomar nota en un listado aparte que me permitiera seguir sus trayectorias, su paso -en ocasiones- por distintas empresas y, en su caso, su llegada al Consejo de las Obras. Porque todo aquello sucedió con algunos reclusos.

En relación con estos últimos hay que decir que se trata de casos muy concretos, ya que, como queda dicho, no siempre consta su procedencia ni se hace constar en las nóminas o en los muy escasos expedientes personales que se conservan. Aunque, eso sí, jamás se exprese el origen concreto de sus condenas. Solo he encontrado un caso en el que se indica como causa de condena “adhesión a la rebelión”, término muy genérico que solo aclara que formó parte del ejército republicano, como soldado o miliciano, sin especificar los delitos cometidos. Pero luego comprobé que su larga condena se debía a motivos mucho más graves, como todas las de aquella duración. Se trataba de Leonardo García Agüero, que trabajó como fontanero en el Valle, como preso en la empresa Casas y ya libre en la de José Banús. El expediente del Consejo de las Obras solo dice que “Estuvo condenado a 30 años por adhesión a la Rebelión. Trabaja en el Valle como penado desde 1º de Junio de 1946 hasta 4 de Octubre de 1949 y de esta fecha como libre, en la Empresa de don José Banús hasta el 17 de Noviembre de 1950. Fue puesto en libertad por buena conducta, faltándole por extinguir 7 años, 2 meses y 25 días”22. Así lo resumía el Consejo, podría parecer que fue un simple excombatiente. No se menciona que estuvo condenado a muerte ni las causas de la condena, pero la sentencia es más concreta:

“Leonardo García Agüero, de destacada ideología izquierdista, al iniciarse el AN, prestó servicios con armas a la causa roja en la Checa. Fue a detener al hijo de María Caballer, disparando sobre él y su madre, a consecuencia de cuyos disparos resultaron ambos heridos, falleciendo el hijo poco después”.23

Pablo Linares, que me facilitó el dato, constató que a nombre del mismo preso, en el mismo archivo, existen otros dos sumarios por revisar,24 pero lo que manifiesta la cita anterior es suficiente para demostrar que no se trataba de un preso político en sentido estricto aunque así los calificara el Régimen. Trató de acogerse al indulto general de 1945, y se le denegó la solicitud. Pero al año siguiente llegaba al Valle y tres años después era libre. Un caso entre tantos.

Como he dicho, rara vez se establece la diferencia entre libres y penados. Jamás en las comunicaciones -con el número total de trabajadores- que se hacían llegar al jefe de Abastos a efectos de aprovisionamiento, ya que en materia de alimentación no se establecía tampoco ninguna diferencia. También en este punto se derrumbaba un mito. Y en el Valle, sobre todo al principio, hubo dificultades de abastecimiento, pero no más que -en aquella época de las cartillas de racionamiento- en el resto de España. Es más, la alimentación fue bastante mejor que en otros lugares; hasta el punto de motivar la presencia de familiares, venidos de fuera, en casa de los trabajadores. Legumbres, patatas y arroz fueron la base de su dieta, pero también recibían raciones de pescado -bacalao y sardinas- carne fresca y tocino. Nunca faltaban tampoco el pan, la harina, el aceite, el azúcar y el café. Al establecerse el economato obrero, todavía en los años cuarenta, desaparecieron las dificultades. En 1950, por ejemplo, en dicho economato un botellín de cerveza costaba 40 céntimos, mientras en los pueblos de la zona se vendía a 1 peseta con 2025. Por cierto, al frente de dicho economato, “destino” privilegiado por la legislación relativa a la redención de penas, se encontraba el recluso Juan Solomando, del que volveré a ocuparme por la situación especial que llegó a disfrutar en el Valle. Y allí hacía sus compras la joven “republicana” Mariluz Alonso, que trabajaba en Cuelgamuros como criada de un antiguo oficial del Ejército republicano, José Pérez Álvarez, que trabajaba en aquellas obras como ingeniero. Mariluz decía que en el economato “había un poco de todo y no era caro”, y calificaba la alimentación como “suficiente”26. Y, una vez más, como dije al principio, el alegato más demoledor contra la leyenda negra del Valle viene de un preso: Miguel Rodríguez, describiendo su primera cena en aquel lugar, ha dejado escrito: “Comenzó el reparto de la cena. Estaba compuesta de patatas con carne. Tenía buen aspecto y su olor era agradable. El reparto se hacía por mesas, depositando con un cazo cuanto se solicitaba, en un plato que el penado presentaba. Observé como las botas de vino estaban a la orden del día. También me extrañó que muchos penados pidieran comida para sus familias, bien en un plato o en otro que exhibían. Es decir, servían hasta dos platos, colmados hasta arriba (…)”27.

Por último, aporto el texto del oficio que el Consejo de las Obras envía a las contratas del Valle, transmitiendo la orden de la Delegación Provincial de Abastecimientos, en noviembre de 1948, estableciendo la cantidad exacta que debía suministrarse a los obreros y las cantidades establecidas para cada uno de ellos por día y mes:

Los obreros que trabajan en las obras (fijos y accidentales) disfrutarán un racionamiento a los siguientes tipos:

    Ración diaria   Ración mensual
Aceite   30   900
Azucar   20   600
Legumbres y arroz 100 3.000
Patatas   300   9.000
Carne fresca   200   6.000
Tocino   30   900
Harina   300   9.000
Café   15   450 28

No se puede, por tanto, seguir hablando de muertos por hambre en el Valle de los Caídos sin faltar gravemente a la verdad.

Conclusiones sobre la redención de penas

En primer lugar, indiscutiblemente, la redención de penas significó una clara ventaja tanto para la población reclusa española como para el Estado.

Con carácter genérico:

El interés del Generalísimo y de los sucesivos Gobiernos que la pusieron en práctica, indudablemente, se vio cumplido al poder liberar a la mayor cantidad de presos posible por este procedimiento. Con el doble fin de normalizar la vida social y resolver lo que se ha calificado de colapso penitenciario. Aliviando de paso la carga económica que tal población reclusa implicaba; una de las finalidades prioritarias de la nueva figura jurídica, presentada como una de sus mayores ventajas por el propio padre Pulgar desde sus orígenes: que los presos pudieran, a través del trabajo, contribuir a su mantenimiento y al de sus familias.

Para los penados, independientemente, suponía una serie de ventajas que de hecho disfrutaron los acogidos al sistema:

- La fundamental era la reducción de sus condenas hasta llegar a redimir seis días de las mismas por día trabajado, en función de la actitud y rendimiento del preso. Cabe destacar que se contabilizaran a efectos de redención de condenas incluso las actividades culturales. Se redimía condena hasta por “leer en la galería” o por adquirir formación cultural o religiosa. Bastaba con acreditar los resultados de dicha formación ante el tribunal que examinaba a los presos en las prisiones, en los que estaban representados los Institutos de Enseñanza Media de la localidad. Esa urgencia del Estado por abreviar las condenas resultaba evidente y casi nunca ha sido discutida. Cosa distinta es la interpretación, sesgada y contradictoria, que se le ha dado en la mayor parte de las publicaciones más recientes, aunque no en todas29.
- La segunda de estas ventajas obviamente es que pasaban a tener unos ingresos, descontada la parte destinada a su manutención, en función de sus cargas familiares. Suele presentarse el importe de su jornal como una cantidad mísera, pero al menos en el Valle de los Caídos llegó a ser el mismo o muy similar al que percibían los libres, como demuestra el escrito de Juan Banús dirigido al Consejo de las Obras en diciembre de 1944. Entre otras consideraciones, decía textualmente: “Aumento del jornal base de 8 a 10 pesetas, según disposición de la Delegación Provincial de Trabajo de 31 de Julio de 1944. Afectaba tanto a los trabajadores libres como a los penados”30 La propia ley establecía límites al sistema para evitar que el trabajador recluso pudiese llegar a percibir jornales superiores a los de los “braceros de la localidad” a fin de no llegar a privilegiar a los trabajadores reclusos respecto de los libres.
- Se dieron prestaciones a los penados acogidos al sistema verdaderamente importantes gracias al trabajo de las Juntas Locales del Patronato para la Redención de Penas, creadas para mantener contacto con las familias de los presos en sus localidades.
Especial relevancia tuvo la obra realizada a partir de 1941 con el fin de colocar, en régimen de internado, a los hijos de los penados en colegios concertados al efecto por dichas juntas. Los padres contribuyeron al mantenimiento y educación de sus hijos con una parte del producto de su trabajo que hasta esa fecha se devolvía al Estado en concepto precisamente de mantenimiento de los reclusos. Pero la diferencia era aportada por el Patronato para la Redención de Penas, de los beneficios de los economatos de las prisiones o destacamentos penales. En 1941 -año en que se estableció la acogida de estos niños- 4.080 hijos de presos ingresaron en aquellos colegios por este procedimiento y otros 7.000 esperaban ser admitidos tras cursar las familias las solicitudes en el mismo Patronato o a través de las juntas locales. Incluso en las mismas prisiones.

Se establecieron acuerdos con un total de doce órdenes religiosas 31 y los niños fueron colocados en colegios de treinta y dos provincias32. También se ha llegado a censurar esta labor encomiable, que benefició a tantos hijos de presos, presentándola como un medio de adoctrinamiento y “desnaturalización” de las familias republicanas por parte del Régimen. Se ha señalando como un claro exponente de dicha “agresión institucional” el que algunas de aquellas niñas llegaran a ingresar en las órdenes religiosas que las acogieron, cortando en algún caso relaciones con su propia familia, de la que se sentían distantes. Todo lo relacionado con este sistema y con el propio franquismo, como decía al principio, ha sido interpretado adversamente por parte de los mencionados autores afines al proyecto político que la Ley de Memoria Histórica entrañaba33.

En relación con el  Valle de los Caídos

El número de presos fue mucho menor de lo que se ha dicho: nunca hubo ni pasaron por las obras 20.000. A partir de principios del presente siglo empieza a repetirse una cifra que, sin la menor base, ha llegado a consolidarse en relación con el número de penados que trabajaron allí. Los mismos autores que la sostienen, sin documentarla en absoluto, además, dan por hecho que todos los trabajadores que participaron en las obras eran presos cuando lo cierto es que solamente lo fueron un 50 o 60% según los años y meses que se estudien.

Se puede confirmar que la cifra de penados en el Valle osciló entre 800 y 51534 trabajadores a lo largo de los siete años -de los 19 que duraron las obras- en los que se aplicó allí el sistema de redención de penas (de 1943 a 1950), aparte de que siempre trabajaron allí también trabajadores libres en condiciones análogas cuando no iguales. El Consejo de las Obras estimaba en 3.000 el número de trabajadores que pasaron por Cuelgamuros durante la construcción del monumento35, mientras que Isaías Lafuente, a pesar de su condena radical del franquismo, desmiente la mítica cifra de los 20.000 para rebajarla hasta 6.000 o 7.00036

Lo cierto es que ha podido comprobar lo descabellado del mito al estudiar las comunicaciones realizadas mensualmente por la contratas del Valle a efectos de avituallamiento, aunque nunca se establecía la proporción entre libres y penados, ya que su alimentación era exactamente igual. A modo ejemplo destaco algunas de las cifras totales de trabajadores sin especificar su situación, durante dicho período de redención penas:

- Diciembre de 1943: 67937
- Mayo de 1947: 1.029
- Noviembre de 1948: 1.278
- Agosto de 1950: 592
- Octubre de 1950: 71338

Pero sostengo que lo realmente importante no es tanto el número de presos trabajadores que llegaron a pasar por el Valle, sino el por qué estuvieron allí y las condiciones en las que se desarrolló su trabajo, así como las ventajas que obtuvieron. No es una cuestión de número porque aunque hubieran sido pocos, si hubieran sufrido allí los malos tratos que frecuentemente se presupone que sufrieron, aquel sería igualmente un lugar que solamente podría provocar un rechazo general completamente justificado. Pero no fue así; no se encuentran indicios, ni siquiera, aproximados, de la existencia de tales abusos o vejaciones. Todo lo contrario.

No fueron esclavos: eligieron ir al Valle de los Caídos

En contradicción con el mito de los esclavos, quiero insistir en que los presos tenían que solicitar su traslado al Valle y acogerse al sistema de la redención de penas como reflejan los testimonios de los penados. Debían cumplimentar una instancia -con sus datos personales, causas de la condena y prisión donde la cumplían- que hacían llegar al Ministerio de Justicia solicitando expresamente acogerse al sistema de redención de penas que se les ofrecía en las prisiones. Y lo solicitaban por las ventajas que obtenían tanto de manera inmediata como a largo plazo. “Yo tuve que hacer una instancia y mandarla al Ministerio de Justicia, al Patronato que había de Redención de Penas y si era aprobada, me mandaban al destacamento solicitado (…)” reconocía, en 1976, el antiguo preso Jesús Cantelar Canales39. Otros, buscaron recomendaciones como Juan Tellería -que recurrió al arquitecto Pedro Muguruza- o el propio Nicolás Sánchez Albornoz, el preso más famoso del Valle de los Caídos40. Buen número de los penados estudiados al alcanzar la libertad prolongaron allí su estancia cuanto les fue posible. A partir de 1950, cuando ya todos eran libres, seguimos encontrando en el Valle a algunos de ellos cuyos nombres he llegado a conocer. Como son los casos de Ángel Lausín (el médico); Gonzalo de Córdoba (el maestro, que ya en los sesenta continuaba allí); Luis Orejas (el practicante) y otros como Tomás Verger, los hermanos Organista y Juan Solomando, a quien vimos al frente del economato obrero.

El médico, el practicante y el maestro son, indudablemente, los presos que dejaron una mayor huella documental de su paso por Cuelgamuros. En cuanto a los salarios percibidos por los reclusos, ya en su día publiqué algo relativo a su situación porque permitía, a modo de ejemplo práctico, desmontar el mito de los esclavos: “Allí [en el Archivo General del Palacio Real] están las nóminas que el Consejo de las Obras del Monumento Nacional a los Caídos pagaba en aquellos años, divididas siempre en tres apartados: Gerencia, Oficina Técnica y Personal Diverso. En éste último aparecen invariablemente Gonzalo de Córdoba, Ángel Lausín y Luis Orejas, con los recibos firmados de sus mensualidades, pagas extraordinarias de Navidad y 18 de Julio y su plus de cargas familiares. Así, por poner un ejemplo, en marzo de 1951, por dicha mensualidad, Córdoba percibía 1.449 pesetas con 60 céntimos; Lausín, 1.581 pesetas con 60 céntimos y Orejas, 1.305. Si examinamos, en la misma nómina, el aparatado de la Oficina Técnica comprobamos que ese mismo mes el arquitecto, Arellano, cobraba 1.938 pesetas y el delineante, Haro, 1,430 con 70 céntimos. Es decir, que el arquitecto cobraba más que los tres antiguos presos, aunque la diferencia no era grande si se tiene en cuenta el puesto que unos y otros desempeñaban en las obras, y, en cambio, el delineante cobraba 125 pesetas más que Orejas, pero tanto Córdoba como Lausín ganaban más que él” 41.

Algunos de aquellos presos habían pasado a ser funcionarios del Consejo de las Obras, como el médico, el practicante y el maestro, cuyas nóminas acabo de comentar, y continuaron sus carreras profesionales ya fuera del Valle al terminar las obras por completo. Son, desde luego, casos especiales, pero lo cierto es que, en cuanto a los jornales de los penados, debo aclarar que no tan excepcionales. Dependía de su cualificación profesional y del trabajo que desarrollaran el dinero que llegaban a ganar. Y los presos desempeñaron toda clase de trabajos, desde leñadores hasta practicante o médico, como hemos visto -todos los médicos, por cierto, que prestaron sus servicios en el hospital del Valle fueron reclusos o habían llegado hasta allí siéndolo- pasando por fontaneros, albañiles, carpinteros, cocineros, peones o conserjes como el “Matacuras”. Ocuparon “destinos” que la legislación relativa a la redención de penas reservaba para los presos con condenas menores sin cumplir este requisito. Y en todo caso, no solo cobraban los mismos jornales sino que cumplían los mismos horarios y percibían el importe de las horas extraordinarias o destajos en las mismas condiciones que los libres. Como también estaban cubiertos por los mismos seguros sociales y percibían los mismos complementos: Plus de Cargas Familiares, Plus de Vida Cara, Plus de Carestía de Vida.

Penados fueron también Leonardo García Agüero (el fontanero) y Justo Roldán, el “Matacuras”, “llavero” de la Abadía a pesar de sus antecedentes penales -reconocía haber dado muerte a varios sacerdotes durante la guerra- que le hacían incompatible con su puesto según el propio Consejo de las Obras, aunque lo mantuvo en él hasta después de la llegada de los monjes que le conocieron y le trataron durante años. Lloraba de agradecimiento al marcharse, según el testimonio, publicado por Sueiro, del primer Abad del Valle, confirmado por los monjes que entrevisté al iniciar mi tesis. La historia del “Matacuras” era muy conocida en el Valle. Yo me referí a él ya en mi primera publicación sobre el tema, contando, entre otras cosas: “Tenía la costumbre “el Matacuras” de, tras saludar respetuosamente a los monjes, cuando creía que nadie le veía, hacerles con el dedo índice el gesto inequívoco, en cualquier latitud, de ir a cortarles el cuello. ¿Humor negro y macabro, o reminiscencias atávicas de su pasado “miliciano”? En cualquier caso, parece que a nadie en la comunidad benedictina ni fuera de ella, le inquietaba lo más mínimo, lo que no deja de ser sorprendente viniendo el gesto de quien venía”. 42

Tan escasa inquietud provocaba como que nadie recordaba sus apellidos. Yo los descubrí en la abundante documentación que habla de él en el Archivo de Palacio. Registra su paso por distintas empresas de las que obtuvieron las contratas del Valle; Justo Roldán Sainero -ese era su nombre completo- trabajó en cocinas antes de llegar, gracias a la protección del arquitecto director de las obras, Diego Méndez, al codiciado puesto de conserje o “llavero” del monasterio. Era ya libre desde hacía tiempo, cuando consiguió el empleo, pero también era famoso por las causas que le llevaron a prisión, tras serle conmutada la pena de muerte.

Causas que nunca trató de desmentir; antes bien, llegó a jactarse de ellas en más de una ocasión. Sueiro recoge su indignación cuando se le señaló como sospechoso de ser el autor de un robo ocurrido en la abadía: “Yo soy capaz de matar a siete guardias civiles y a siete curas pero robar…, eso nunca”43. Recogí la anécdota en mi publicación, añadiendo un comentario que vuelvo a incluir en esta: “¡Peculiar escala de valores la de aquel hombre!” Recientemente un amigo y compañero del CEU, el profesor Jesús Romero, me hacía llegar las referencias documentales de su pasado delictivo: Justo Roldán se había enfrentado a dos consejos de guerra antes de llegar al Valle de los Caídos, pasando previamente por la prisión de Yeserías. Efectivamente, como recordaba fray Laurentino Saénz de Buruaga, había sido condenado a “muerte, pena conmutada por la de cadena perpetua que quedó en siete años”44. Se le condenó por la muerte de Juan Creus Vega  presidente de la Federación Agrícola Madrileña y vocal del Consejo Superior de Fomento en 192045, asesinado, tras ser golpeado, en una cuneta de la carretera de Andalucía, en el kilómetro 14 concretamente. Ocurrió el 22 de septiembre de 1936. Con él fueron asesinados sus tres hermanos, Jesús, Félix y José tras infligirles “heridas y tormentos” como informa el ayuntamiento de Pinto en la relación de asesinados en el término municipal46. Según los autos, en dicho crimen habían intervenido junto al “Matacuras”, otros cuatro cómplices, implicados a su vez en otros asesinatos. Pero a Justo Roldán se le condenaba también por sus responsabilidades como miembro del comité rojo de Pinto47. Uno de los sumarios abarca doscientos cincuenta folios, pero no hay rastro de los curas que decía haber matado, aunque en el pueblo fue asesinado un sacerdote, don Manuel Calleja Montero, capellán del colegio San José48. Junto a él mataron a su padre, José María Calleja, que obtuvo una última gracia de sus verdugos: morir antes que su hijo. Pero a Justo no se le menciona en relación con este doble asesinato. ¿Creó su propia leyenda o participó en otros desmanes aparte de los que le llevaron a prisión? Lo más probable es que fuera responsable de otros crímenes con los que no se le relacionó: en los informes suele hablarse de “milicias desconocidas” o venidas de otros lugares, como responsables de los delitos cometidos durante la guerra. En cualquier caso, cuando quiso regresar a Pinto, para enterrar a su padre, tuvo que hacerlo escoltado por la Guardia Civil; no para vigilarle -ya era libre- sino para protegerle y evitar posibles incidentes provocados por los vecinos. Tal era el recuerdo que allí dejara el que fuera integrante del comité rojo del pueblo. Porque, aparte de la muerte de Juan Creus, se le condenó también por haber actuado como “miliciano armado” y, -como ya dije- también por ser corresponsable de las decisiones de dicho comité rojo. Y allí, además de los mencionados sucesos, en el sangriento verano del 36 ocurrieron verdaderas atrocidades. Como el asesinato de cinco mujeres -dos maestras (Valentina Pascual y María García Busquet), dos pensionistas (las hermanas Pilar y María Gallego, “muy religiosas”) y la presidenta de la Catequesis, Isabel Solo de Zaldívar- que previamente fueron despojadas de sus objetos de valor y violadas por varios hombres, entre ellos un padre y su hijo, Federico Lorenzo, “el Federo”. O la muerte de un mecánico “de derechas”, Ladislao Martín, arrastrado por las calles y enterrado vivo. La iglesia y el convento de las capuchinas fueron saqueados; el campanario incendiado y las imágenes de la ermita del Cristo del Calvario despedazadas. “Se dice” que se profanó el Santísimo49. No resultaba exagerada la medida que el Consejo de las Obras tomara en noviembre de 1952 de trasladarle a otro empleo: “En la sesión del Consejo de las Obras del Monumento Nacional a los Caídos celebrada el día 3 del corriente mes, se tomó el acuerdo de llevar a los puestos de responsabilidad a personal no incurso en sanciones penales y por tanto se servirá Vd. proponer a ésta Gerencia para el cargo de Guarda del Monasterio a persona que reúna éstas circunstancias con información detallada de sus antecedentes, para efectuar su nombramiento si procede. Al propio tiempo al obrero Justo Roldán se servirá proponerlo para otro cometido con el fin de proceder a su nombramiento para un nuevo cargo”50.

No era exagerada, pero como dije, no se cumplió. Permaneció en el mismo puesto durante años. Es otro dato que habla de la actitud de los responsables de aquellas obras respecto de los trabajadores penados.

Su estancia allí les benefició en varios sentidos:

- En primer lugar, la considerable reducción de sus condenas.

Como dijo el antiguo recluso, Jesús Cantelar a Daniel Sueiro: “trabajando seis u ocho años en el Valle sabías que tenías la libertad asegurada”51. Y estaba hablando de condenas a treinta años de prisión. Tal es el caso del mencionado Leonardo García Agüero, que trabajó como fontanero en el Valle de los Caídos. Dichas condenas procedían de otras a muerte que les fueron conmutadas por estas. Es un dato destacable que entre 1942 y 1947 se conmutaran en España 16.300 penas de muerte como resultado de la actuación de las Juntas de Revisión de Sentencias que se establecieron para examinar las dictadas por los consejos de guerra durante la Guerra Civil y la inmediata posguerra. En ocasiones, algunos de aquellos reclusos tenían no una sino varias condenas a la pena capital por graves delitos de sangre.

En relación con el Valle de los Caídos, recojo el caso de un soldado republicano, Baldomero Otero Puente, condenado en consejo de guerra por haber asesinado a un prisionero desarmado mientras lo “conducía”52. Redimió su condena en tan sólo cinco años desde su llegada al Valle. Así lo contaba su propio hijo, Leonardo Otero García, en abril de 2013: “En cinco años redimió los veinticinco que le quedaban por cumplir”53. Y había llegado hasta allí gracias a la recomendación del médico del Destacamento Penal de Almadén, para que pudiera “recuperarse”, según su propio hijo54. Otro de los mitos del Valle de los Caídos, como se va viendo, es el de que los presos estaban allí solamente
por sus opiniones políticas o haber sido movilizados en el bando republicano. Los casos que he investigado traían el motivo de sus condenas de verdaderos asesinatos cometidos durante la Guerra. Como el que terminó con la vida del diputado de la CEDA y Secretario de las Cortes, Dimas Madariaga, enterrado, precisamente, en el Valle de los Caídos en 1959.

El mismo lugar donde había redimido su condena, años antes, el responsable de su muerte, como colaborador necesario, al haber conducido a sus asesinos a través del monte hasta el lugar donde se escondía a las afueras de Piedralaves. Era el comunista de dicha localidad Crescencio Sánchez Carrasco. Llegado al Valle, con los primeros presos, en 1943, lo abandonaba, ya libre, dos años más tarde. Había cumplido solamente un tercio de su condena. Ángel David Martín Rubio recogió la historia de aquella cacería del hombre por el hombre de la Historia de la Cruzada Española, escrita por el entonces párroco de Piedralaves para su blog Desde mi campanario55.

La vigilancia, por otra parte, que se ha descrito como opresiva, fue tan relajada que hizo posible las fugas que quedan reseñadas en la tesis, de presos que se fueron simplemente andando por el monte a plena luz del día como en el famoso caso de Nicolás Sánchez Albornoz y los de otros que se fugaron por el mismo procedimiento solos o en grupo. Aprovechaban los domingos por ser el día en que los vigilantes no hacían el recuento del mediodía para no molestar a las familias que acudían a visitar a los presos. Sánchez Albornoz solo tuvo que quedar en la lonja del monasterio de El Escorial con unos amigos que le recogieron en el coche de unas jóvenes americanas, unidas a la expedición, para salir hacia Barcelona, donde llegaron esa misma noche, no sin antes haberse detenido a almorzar en el parador nacional de Medinaceli. Como cualquier turista. Es un dato que debe tomarse en consideración sobre las condiciones de seguridad y la supuestamente agobiante vigilancia imperantes en el recinto de Cuelgamuros durante la construcción del monumento.

- Mejoras en las condiciones de vida: la presencia de las familias y las escuelas del Valle.

Los penados disfrutaron en el Valle de condiciones de vida impensables en el interior de las prisiones: la presencia de las familias y su gran movilidad no sólo dentro del recinto de Cuelgamuros (1.300 hectáreas) sino acudiendo también a los pueblos de la zona (Guadarrama y El Escorial).

El hecho de contar con una escuela para sus hijos representó otra ventaja considerable. Al frente de la misma un penado, don Gonzalo de Córdoba, que terminó siendo funcionario a las órdenes del Consejo. Todos los niños terminaron su bachillerato en el Instituto de San Isidro de Madrid y de los que se han investigado sabemos que llegaron a la universidad los hijos del practicante, del médico y del propio maestro, presos los tres a su llegada. En este aspecto, la situación de los penados del Valle fue privilegiada porque si ya era muy ventajoso el ingreso de los hijos de los presos en aquellos colegios concertados por el Patronato que comentamos, en el Valle no solamente fueron escolarizados -era obligatorio para las familias el llevarlos a la escuela56- sino que seguían viviendo con sus familias.

Por otra parte, los resultados obtenidos por el maestro fueron excelentes. Así lo explicaba él mismo: “(…) salvo uno o dos, los demás no tuvieron que llevar ninguna asignatura para Septiembre”57. Aparte de la escuela de don Gonzalo, existió otra para los niños que no alcanzaban la edad escolar, a cargo de otro recluso, Carlos Cornejo. La puso en marcha otro penado, Manuel Lamana, en el breve plazo de tiempo que estuvo allí antes de fugarse con Sánchez Albornoz58.

En cuanto a viviendas, muchos reclusos las solicitaron al Consejo a través de sus empresas, así como también a través de las mismas cursaban peticiones de cambio de vivienda. Este es un punto que considero especialmente significativo: basaban sus peticiones en consideraciones familiares como el número de hijos, la enfermedad de su mujer o el buscar la cercanía de otros parientes instalados en otros poblados del Valle. Un padre que pedía el cambio para que su hijo pudiera llegar con más facilidad a la escuela o un yerno que solicitaba estar más cerca de su suegra para poder atenderla. En otras varias ocasiones son hombres que van a contraer matrimonio o solicitan traer a sus familias del pueblo. En un caso, la solicitud se basa en el deseo de que puedan instalarse allí durante las vacaciones, las hijas que trabajan en Madrid o el hijo que estaba cumpliendo el servicio militar. Otra petición se basa en razones de comodidad, a fin de estar más cerca del puesto de trabajo. También intercambiaban viviendas pidiendo autorización a Regiduría cuando ya habían establecido el acuerdo.

En verano, la población del Valle crecía considerablemente con la llegada de parientes e incluso amigos que solían volver todos los años. En 1950, un oficio del regidor advierte que el Valle no era un “punto de veraneo”59 y exige que se justifiquen las estancias de los que llegan, explicando su parentesco y estableciendo la obligación de solicitar por escrito su permanencia a partir de aquel momento, contrariamente a lo que se venía practicando desde hacía años. Aquel oficio fue el origen de una serie de cartas en las que los trabajadores admiten tener consigo a uno o varios parientes durante los meses de verano. Como venían haciéndolo desde varios años atrás: nietos, sobrinos, hermanos, suegros y cuñados; incluso amigos en ocasiones, se instalaban en sus casas durante lo que ellos mismos solían calificar como “vacaciones de verano”. A partir de entonces solicitaron dichas residencias temporales, explicando solamente su relación con los visitantes y el período de tiempo para el que lo solicitaban. Así, aparecía Benito Rabal (padre del actor del mismo apellido) comunicando la estancia en su casa de una “hija de su comadre”, a la vez que avisaba de la inminente llegada de sus hijos y nietas. Aquel verano, el antiguo recluso Juan Solomando llegó a presentar hasta cuatro solicitudes para otros tantos grupos familiares que irían visitándole en aquellos meses; desde su hermana y cuñado, residentes en Mérida, hasta su suegra que llegó ya en el mes de octubre. Juan Solomando, como dije, gozaba de una consideración especial en el Valle, debida probablemente a haber formado parte del grupo de presos que, en 1943, se ofrecieron voluntarios para sofocar el gran incendio declarado en la finca, con evidente riesgo de sus vidas. A todos se les gratificó económicamente y con una reducción de condena extraordinaria, pero Solomando parece haber recibido un trato privilegiado a lo largo del tiempo. Y no solamente por haberle visto al frente del economato. Aparte de los parientes que recibía en verano, tenía en su casa acogido permanentemente a un sobrino. Así lo exponía:

“(…) teniendo actualmente a mi expensa un sobrino de cuatro años el que habita con nosotros desde hace dos años al que consideramos como hijo (…)”60.

No era este el único niño que vivía acogido por parientes en las casas de los obreros del Valle, pero el solicitante incumple en cada escrito la obligación de detallar los nombres y edades de los visitantes, así como la declaración de no padecer enfermedades infecciosas, que también era preceptiva. Y sin embargo todas sus solicitudes fueron atendidas aquel mismo verano.

Siendo algo especial, el de Solomando no fue un caso infrecuente entre sus compañeros de trabajo. En dos de las peticiones, simplemente se aduce que los niños a los que quieren traer a sus viviendas son parientes cuyas familias (fuera del Valle) se encuentran en precaria situación económica y de ese modo los solicitantes pueden aligerar las cargas familiares. O bien solicitan traer a algunos niños con el fin de mejorar su alimentación ya que se encontraban en extremo inapetentes. Así lo argumenta el carpintero Menas Méndez Gaitón, que solicita una vivienda en el Valle para poder traer a sus hijos “(…) a fin de que el clima benigno de esta región contribuya a fortalecer la salud de los niños antes expuestos ya que en el presente y desde hace una temporada se encuentran delicados e inapetentes en grado sumo”61. Otro de los trabajadores, José Humanes Ocaña, solicitaba la permanencia en el Valle de su nieto, Pedro Segovia Humanes, de nueve años de edad “Salido dado de alta del hospital Infantil de Guadarrama, por consejo de los médicos de aquella institución y aprovechando mi estancia de 7 años en estas obras los tengo [a sus nietos] en mi compañía por dos meses”62. No eran situaciones tan excepcionales: se comprueba que allí vivían hijos, sobrinos y nietos de los trabajadores, de forma permanente o durante ciertos periodos del año, por razones similares.

Todas estas peticiones demuestran que las personas a las que se dirigen las atendían con espíritu comprensivo y en buena disposición hacia los trabajadores a la vista de sus argumentaciones. Y puede afirmarse que no se equivocaban porque queda documentado que en la mayoría de los casos eran atendidas.

- Concesiones de viviendas a los que cesaban en el trabajo. Otra ventaja considerable para los trabajadores del Valle fue el conseguir viviendas en Madrid al cesar en sus trabajos. Claro que esta no fue una de las que pudieron moverles a solicitar su traslado a Cuelgamuros, sencillamente porque no contaban con ello ni podían imaginarse que se les fueran a conceder cuando allí llegaron. Pero lo cierto es que así se acordó por parte del Consejo de las Obras y queda reseñado que dicho acuerdo se llevó a la práctica. Pero sucedió cuando ya las obras estaban mediadas. Una de las primeras referencias a esta ventaja fue la que encontré en la mencionada correspondencia entre la viuda del primer muerto -Jerónima Díaz Organista- y el arquitecto-director de las obras. El origen de dicha correspondencia estaba precisamente en la solicitud de Jerónima de una vivienda en Madrid, atendiendo al hecho de ser ella precisamente la viuda del primer muerto del Valle de los Caídos. La respuesta del ministro, Blas Pérez González, es muy esclarecedora en cuanto a la pertinencia de la petición, ya que la recoge y explica cómo debe procederse: “Tenga Vd. la bondad de decirla [sic] me dirija una instancia solicitando una vivienda de las que construye éste Ministerio, o de las que construye el Ayuntamiento”63.

Pero también encontré documentos relativos a la madre del electricista de la Basílica, María Franco Aranda, que solicitaba lo mismo por desear trasladarse a Madrid desde el Valle en compañía de una de sus hijas que vivía allí con ella. Fue avalada en su pretensión por el primer Abad, fray Justo Pérez de Urbel, aunque no fuera atendida por entender el Consejo que no le correspondía al continuar su hijo -y trabajador en el Valle- disfrutando de una de las viviendas propiedad de dicho Consejo. La carta del Abad, sin embargo, expresaba una gran confianza en que pudiera obtener lo que solicitaba, aparte de considerarlo como lo más natural en condiciones normales, que, como acabo de explicar, no lo eran del todo: “(…) Esta señora es la madre del electricista de la Basílica, José Romero Franco. Vino aquí con su hijo hace unos diez años, y ahora tanto ella como una hija que se encuentra aquí con ellos, tienen que establecerse en Madrid. Para ello cuenta con la casa que espera ha de darles el Consejo de Obras. Uno mi ruego al de ella y confío que podrán realizarse sus deseos (…)”64

Lo cierto es que existen varias actas de las reuniones del Consejo de las Obras del Monumento Nacional a los Caídos en las que constan tales acuerdos y se recogen como práctica habitual consolidada. Igualmente, se buscaba colocación a los trabajadores que dejaban de tener allí cometidos concretos al ir terminando la construcción. En cuanto a la concesión de viviendas en Madrid, respondía a la decisión adoptada en consejo de ministros el 12 de mayo de 1961, que venía a consolidar tanto la práctica como los acuerdos previos del Consejo de las Obras65. Concretamente, el acta Nº 97, de 11 de diciembre de 1962, establecía literalmente en su apartado QUINTO: “Se acuerda asimismo que el Consejero Sr. García Lomas realice las gestiones necesarias para la obtención de viviendas al personal que cesa a las órdenes del Consejo [de las Obras], en forma análoga a la que con anterioridad fueron concedidas a los que cesaron”66.

Los monjes a quienes entrevisté confirmaron este extremo: “Los presos salieron en el 59 [eran ya libres desde 1950] al inaugurarse el monumento (…) A ellos se les ofrecía casa en Madrid y una indemnización de ciento cincuenta mil pesetas. Fueron a los barrios de San Blas y Pan Bendito, entre otros”67.

El “Matacuras” obtuvo una vivienda en Virgen de Begoña al final de la recién abierta Avenida del Generalísimo, frente al hospital de La Paz. Otros recibieron viviendas de nueva construcción también, en el pueblo de Fuencarral.

Como dije al principio, toda la documentación analizada desmiente la leyenda negra de la que el Valle de los Caídos viene siendo objeto desde hace años. Leyenda que ha servido como soporte para la campaña, iniciada abiertamente durante el gobierno de Rodríguez Zapatero, con fines políticos y apoyos externos. Y siguiendo distintas estrategias -desde el cierre de hecho por supuestas razones de seguridad hasta la creación por parte del Gobierno de la Comisión de Expertos- para cerrar o al menos desvirtuar el monumento. La cuestión se ha llevado al Parlamento español y se ha propuesto, desde distintas instancias, incluso su voladura. Actualmente, su futuro continúa en entredicho y sigue siendo objeto de controversia tanto en España como por parte de representantes de Naciones Unidas. En septiembre de 2013 un grupo de miembros de esta organización visitó el monumento con el fin de elaborar un informe sobre el procedimiento a seguir. Recientemente, la visita oficial del relator de la misma organización, Pablo de Greiff, volvía a poner de manifiesto que el monumento sigue amenazado. Máxime, teniendo en cuenta que venía invitado por el Gobierno español, con la intención de “conocer y valorar las medidas adoptadas por las autoridades en relación con las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista (…)”68. Reclamaba “privar de efectos la ley de amnistía de 1977” y superar, ampliándola, la Ley de Memoria Histórica. En su comunicado se refirió al Valle como “sitio controvertido construido por presos políticos”69; “sitio que constituye en sí mismo la exaltación del franquismo”; “motivo de indignación profunda, no solo por el hecho de haber sido construido por miles de personas haciendo trabajo forzado o mano de obra esclava (…)”. Y proponía que se “contextualice” el monumento, para aprovecharlo, mediante “pedagogías adecuadas”, con “función preventiva”. Añadía que no hay nada en el sitio que informe “de la forma en que fue construido”. Y acababa respaldando a las asociaciones de la Memoria Histórica en su beligerancia contra el Valle. En definitiva, su declaración demuestra que todos los mitos de la leyenda negra del Valle de los Caídos siguen siendo utilizados como arma arrojadiza contra la misma finalidad del monumento: la reconciliación nacional; contemplada ya como un logro por el propio Franco en el momento de su inauguración. Resulta urgente dar a conocer la verdad del Valle de los Caídos, y concretamente la de su construcción.

En este artículo he recogido, como ejemplo, algunos exponentes de la violenta contradicción entre el mito del Valle y su verdadera historia.


[1] Ver José Agustín PÉREZ DEL PULGAR, La solución que España da al problema de sus presos políticos, Valladolid: Librería Santarén, 1939
[2] Rafael TORRES, Los esclavos de Franco, Madrid : OBERON, Grupo Anaya, S.A., 2000.
[3] Isaías LAFUENTE, Esclavos por la patria, Barcelona : Temas de Hoy, S.A. (T.H.), 2002.
[4] Ver C. MOLINERO, Margarida SALA y Jaume SOBREQUÉS, Una inmensa prisión, Barcelona : Crítica, 2003.
[5] Ver Josep SÁNCHEZ CERVELLÓ, La memoria de los desmemoriados: a guisa de prólogo, en Tario RUBIO, El Valle de los Caídos y la represión franquista, Tarragona: Arola, 2011. Ver también Carlota GIMÉNEZ i COMPTE, “Sumario”, en la misma obra.
[6] Una de ellas (Amere), en 2007, solicitó la retirada de la imagen del Sagrado Corazón del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), mientras otra (Preeminencia del Derecho) pedía, en 2010, la “desaparición del espacio público” del Cristo de Monteagudo (Murcia). Ver www.Diariobahiadecadiz.com de 12-03-2007 y  www.laopiniondemurcia.es/...pueblo-clama-por-su-cristo/916.html, respectivamente.
[7] Ver La obra de la redención de penas: la doctrina, la práctica, la legislación, Balance de 1943, Talleres Penitenciarios de Alcalá de Henares.
[8] En adelante AGPRM.
[9] Ver Daniel SUEIRO, La verdadera historia del Valle de los Caídos, Madrid : SEDMAY, 1976.
[10] Ver Fernando OLMEDA, El Valle de los Caídos. Una memoria de España, Madrid : Península, 2009.
[11] Miguel RODRÍGUEZ GUTIERREZ, El último preso del Valle de los Caídos, Madrid : Ed. personal, 1979.
[12] Entrevisté al Padre Abad, don Anselmo Álvarez Navarrete y a los monjes fray Alejandro de Álviz y fray Laurentino Saénz de Buruaga. Los tres conocieron y trataron asiduamente con antiguos presos que trabajaron en las obras. Además, fray Santiago Cantera me proporcionó testimonios escritos de algunos trabajadores de los inicios de la construcción del monumento.
[13] José Alburquerque, sobrino de Latino Dueñas, carnicero de Peguerinos durante los años 40 y 50 del pasado siglo, visitó frecuentemente el Valle de los Caídos durante su construcción, acompañando a sus tíos, proveedores de carne de las contratas que lo construyeron.
[14] Hijo de Felipe Cereceda, funcionario de prisiones destacado en el Valle de los Caídos durante su construcción, vivió allí con su familia durante su infancia y acudió a la escuela del Valle de los Caídos. Recogí su testimonio en la Universidad CEU San Pablo por mediación de Pablo Linares Clemente, presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC).
[15] Empleado de Patrimonio Nacional en el Valle de los Caídos durante la última etapa de su construcción.
[16] Hijo de uno de los presos acogidos al sistema de redención de penas en el Valle de los Caídos, destinado en cocinas, que solicitó y obtuvo su traslado a Cuelgamuros desde la prisión de Galicia donde cumplía condena.
[17] Formaba parte, por razón de su cargo, del Consejo de las Obras del Monumento Nacional a los Caídos.
[18] Carta de Jerónima Díaz Organista a Diego Méndez, AGPRM, Sección AG, Fondo Valle de los Caídos, CAJA 6613.
[19] Aporté copia de dicha correspondencia en el apéndice documental de mi Tesis
[20] En adelante AG.
[21] Decreto de 1 de Abril de 1940 y Decreto-Ley de 23 de Agosto de 1953.
[22] AGPRM, Sección AG, Fondo Valle de los Caídos, CAJA 6659. Expediente personal de Leonardo García Agüero.
[23] Archivo General e Histórico de Defensa, Fondo Madrid, sumario 53.517, legajo 5595.
[24] Sumarios 61.187 (legajo 7639) y 117.141 (legajo 7781).
[25] Testimonio de José Alburquerque, recogido por el autor en noviembre de 2005.
[26] Fernando OLMEDA, Op.cit., p. 86.
[27] Miguel RODRÍGUEZ, El último preso del Valle de los Caídos, cit. en Juan BLANCO, Valle de los Caídos. Ni presos políticos ni trabajos forzados, Madrid : FN, Colección Denuncia, 2009. p. 200.
[28] AGPRM, Sección AG, Fondo Valle de los Caídos, CAJA 6663, carpeta de Comisaría.
[29] Para conocer la importancia que adquirió la redención de penas como instrumento para resolver el problema de los llamados presos políticos, resulta sumamente esclarecedora la obra de Juan Blanco anteriormente citada.
[30] AGPRM, Sección AG, Fondo Valle de los Caídos, CAJA 6691. Aporté copia de dicho documento en el Apéndice Documental de mi Tesis. En estas consideraciones presentadas al Consejo de las Obras, el empresario expresa veladamente su preocupación y su queja ante el hecho de que la legislación social de la época introducía cambios sustanciales respecto a las condiciones pactadas en su origen entre Consejo y contratista.
[31] Para los niños, jesuitas, hermanos de la Doctrina Cristiana, salesianos y escolapios; y para las niñas Hijas de la Caridad, mercedarias, terciarias franciscanas, carmelitas de Cristo Rey, calasancias, religiosas de la Divina Infantita, congregación italiana de la Beata Madre Cabrini y la española de Jesús Nazareno.
[32] Ver Memoria del Patronato Central para la Redención de Penas por el Trabajo de 1 de Enero de 1942, p. 107 y ss.
[33] Ver la obra de Ricard VINYES, Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas, Madrid : Planeta, 2010. El autor fue seleccionado para formar parte de la Comisión de Expertos designada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero para dictaminar sobre el futuro del Valle de los Caídos.
[34] Informes del Patronato Central de Redención de Penas.
[35] AGPRM, Sección AG, Fondo Valle de los Caídos, CAJA 6613; Informe del Consejo de las Obras del Monumento Nacional a los Caídos, realizado en 1957 a petición del Ministerio de Asuntos Exteriores.
[36] Isaías LAFUENTE, Esclavos por la patria, p. 118 y 119.
[37] AGPRM, Sección AG, Fondo Valle de los Caídos, CAJA 6650.
[38]  AGPRM, Sección AG, Fondo Valle de los Caídos, CAJA 6659.
[39]  Daniel SUEIRO, Op.cit., p. 59
[40] Fernando OLMEDA, Op.cit., p. 62.
[41] Alberto BÁRCENA PÉREZ, “Trabajadores penados en el Valle de los Caídos. Algunos casos significativos”, en Alfonso BULLÓN DE MENDOZA y Luis TOGORES (coords.), La otra memoria, Madrid : ACTAS, 2011. p. 836 y 837.
[42] Ibídem, p. 836.ç
[43] Daniel SUEIRO, Op.cit., p. 217.
[44]  Testimonio de fray Laurentino Saénz de Buruaga, recogido por el autor en la Abadía de Santa Cruz del Valle de los Caídos, el 30 de noviembre de 2005.
[45] Nombramiento publicado en el ABC de 18 de abril de 1920.
[46] Ayuntamiento de Pinto, Estado Nº 1, “Relación de personas residentes en este término municipal, que durante la dominación roja fueron muertos violentamente…”, de 29 de septiembre de 1939. Copia en el Archivo de Á. D. Martín Rubio.
[47]  Archivo General Histórico de Defensa, Fondo Madrid, CAJA 3.968, Sumario 31.294, legajos 3.367 y 6.133.
[48] Ayuntamiento de Pinto, Estado Nº 1,“Relación de personas residentes en este término municipal, que durante la dominación roja fueron muertos violentamente…”, de 29 de septiembre de 1939. Copia en el Archivo de Á D. Martín Rubio.
[49] Ibídem; Estado Nº 3, “Relación de tormentos, torturas, saqueos, destrucciones de iglesias y objetos de culto, profanaciones y otros hechos delictivos que por sus circunstancias, por la alarma o el terror que produjeron deban considerarse como graves, con exclusión de los asesinatos, que fueron cometidos en este término municipal [Pinto] durante la dominación roja”.
[50] AGPRM, Sección AG, Fondo Valle de los Caídos, CAJA 6659.
[51] Daniel SUEIRO, Op.cit., p. 61.
[52] Archivo Municipal de Nules (Castellón); Expediente relativo a la redención de penas de Baldomero Otero Puente, Copia en el Archivo de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC).
[53] Testimonio de Leonardo Otero García recogido por el presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC), Pablo Linares Clemente, el 20 de abril de 2013.
[54] Ibídem.
[55] http://www.elvalledeloscaidos.es/portal/archives/3731?utm_source=emailcampaing13... 06/10/2013.
[56] AGPRM, Sección AG, Fondo Valle de los Caídos, CAJA 6659; Regiduría: oficio del Regidor de 12 de Marzo de 1952
[57] Daniel SUEIRO, Op.cit., p. 84.
[58] Testimonio de Ángel Cereceda, que fue alumno de don Gonzalo, al autor.
[59] AGPRM, Sección AG, Fondo Valle de los Caídos, CAJA 6660; Regiduría.
[60] AGPRM, Sección AG, Fondo Valle de los Caídos, CAJA 6660; Regiduría.
[61] Ibídem, CAJA 6659; Regiduría, carpeta nº 13: Peticiones de vivienda.
[62] Ibídem, CAJA 6660; Regiduría.
[63] Carta del ministro de la Gobernación a Antonio de Mesa, que actuaba en nombre del Consejo de las Obras del Monumento Nacional a los Caídos; AGPRM, Sección AG, Fondo Valle de los Caídos, CAJA 6613.
[64] Escrito de fray Justo Pérez de Urbel de 17 de octubre de 1962 al Consejo de las Obras; AGPRM, Sección AG, Fondo Valle de los Caídos, CAJA 6615.
[65] Actas Nº 94 y 97 de las sesiones del Consejo de las Obras de 22 de enero y 11 de diciembre respectivamente de 1962; AGPRM, Sección AG, Fondo Valle de los Caídos, CAJA 6528.
[66] Alberto BÁRCENA PÉREZ, Op.cit., p. 833.
[67] Testimonio recogido por el autor de fray Laurentino Saénz de Buruaga en la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos el 30 de noviembre de 2005.
[68] UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS, Observaciones preliminares del Relator Especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, al concluir su visita a España, Madrid, 3 de febrero de 2014.                                      
[69] Ibídem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma 2003 - Alonso Cano 66, 2º sót. pta. 5.
28003 MadridTel.: 91 535 42 45 - Fax: 91 536 24 34

plataforma2003@gmail.com  - https://www.facebook.com/Plataforma2003