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XVI Escuela de Verano/22-25 junio, 2017

 

 

UNA POLÍTICA DE CESIONES Y SUS CONSECUENCIAS
Francisco Caballero Leonarte
XVI Escuela de Verano.

Viernes, 23 de junio 2017

 

Ciertamente, no es ninguna novedad la práctica de cesiones y  enjuagues políticos en la dilatada historia de nuestra Nación. Sin necesidad de retrotraernos muchos siglos, nos podemos encontrar con muchos ejemplos que, verdaderamente, resultan aleccionadores e invitan a la reflexión. Corría el año 1896 y en la colonia de Filipinas se había generado un importante movimiento separatista dirigido, principalmente, por  Emilio Aguinaldo. El gobierno de España estimó que para calmar los ánimos de los insurrectos de una manera efectiva lo mejor era apartar a los cabecillas mediante un “exilio dorado”. En efecto, Emilio Aguinaldo firmó el llamado “Pacto de Biak-na-Bató”  (1897) por el cual él, y treinta y tres cabecillas más, se exiliaban a Hong-Kong y, a cambio, recibiría una indemnización de 800.000 pesos, previa entrega de las armas que poseían. Sin embargo esa fórmula no dio los resultados esperados. Al cabo de seis meses, los mismos dirigentes separatistas estaban espoleando de nuevo a los filipinos para la insurrección, pero esta vez bien pertrechados de armas modernas que habían adquirido con el dinero recibido generosamente del gobierno español.

Otro tanto se podría decir de la política practicada en el antiguo protectorado español de Marruecos. Con la loable intención de pacificar la zona del Rif, que los tratados internacionales habían adjudicado a España, se pusieron en práctica diversas formas de atracción de la población autóctona; unas de carácter tecnológico, como el ferrocarril; otras culturales y educativas, como la creación de escuelas; servicios sanitarios…y, además, la concesión de importantes donativos dinerarios a los jefes de las tribus o cabilas. Pero el plan falló. Llegado el momento de la sublevación, nada de lo concedido por la Administración Española frenó el ímpetu de los guerreros rifeños. El intento de comprar la voluntad de los jefes y cabecillas había resultado un fracaso que, a la postre, significó el sacrificio de miles de soldados españoles. No olvidemos que solamente en el llamado “desastre de Annual” murieron 9.494 militares. Aquella vía se había demostrado estéril para el objetivo deseado. Hasta que no accedió D. Miguel Primo de Rivera a la presidencia del Consejo de Ministros de España y pudo organizar y dirigir el llamado Desembarco de Alhucemas, en 1925, no se llegó a la verdadera pacificación del Rif.

Parece que de esas y otras enseñanzas semejantes debieran haber aprendido los políticos españoles a la hora de afrontar los problemas de carácter socio-político generados en el interior, pero lo cierto es que nos encontramos con una constante que, ignorando las enseñanzas de la historia, persevera y se repite periódicamente, siempre con resultados negativos.

Ahora es el momento oportuno de centrarnos en el estudio de la política de cesiones que, desde el nacimiento del Régimen actual, los distintos gobiernos de España han ido prodigando a la Generalidad de Cataluña.

Todo empezó con la elaboración y aprobación de la vigente Constitución. Aquel dichoso artículo 2º que no hubo manera de suprimir ni modificar, pese a los atinados razonamientos de algunos senadores como D. Julián Marías, y que venía a instaurar la existencia de unas supuestas “Nacionalidades” en el seno de la Nación española. Luego supimos, por declaraciones de algunos de sus autores, que aquel texto ya estaba pactado y bendecido desde las más altas instancia, así que no hubo manera de evitarlo. Las posteriores declaraciones de algunos artífices de la llamada Carta Magna son dignas de conocerse, porque explican algunas cosas importantes. Así, al cabo de bastantes años,  D. Rodolfo Martín Villa no tuvo ningún empacho en decir: Lo que hicimos mal fue ceder la educación a Cataluña y al País Vasco”. D. José Manuel Otero Novas, en un rasgo de honradez política, vino a decirnos que se había equivocado al defender la inclusión del término nacionalidades en el texto de la Constitución. Pero la semilla ya había sido lanzada y había germinado; esas lamentaciones ya eran extemporáneas. Solamente el partido político llamado Alianza Popular se opuso, en su momento, al trato discriminatorio entre las regiones cuando se discutió y se redactó la Constitución.

Una vez aprobada la llamada Carta Magna, dio comienzo su desarrollo y la plasmación de sus disposiciones: Cataluña, el País Vasco, Galicia y Andalucía accedieron a la autonomía por la “vía rápida”, y los Estatutos de Cataluña y el País Vasco se tramitaron de forma preferente.

En aquel entonces (1977), Adolfo Suárez intentó una maniobra política no exenta de buena intención, pero destinada de antemano al fracaso: promovió el regreso de Tarradellas a Cataluña con la esperanza de que este “santón” fuera capaz de atraerse al sector catalanista, pero no separatista, de la región. Con esta operación el jefe del gobierno estaba poniendo en evidencia su desconocimiento de la historia y, lo que es más grave, de la dinámica social de los movimientos “irredentistas”. Más tarde, Suárez también se esforzó en mantener un buen nivel de sintonía con Jorge Pujol, con la esperanza de obtener un apoyo político, pero, a finales de mayo de 1980 el PSOE promovió una moción de censura y Suárez, falto de apoyos efectivos, se vio obligado a dimitir el 29 de enero de 1981.

Acto seguido, después de la famosa asonada del 23-F,  Leopoldo Calvo Sotelo accede a la presidencia del Gobierno de la Nación y se encuentra con una difícil situación, pues el partido que lo sustenta, la UCD, ya está en crisis interna. Por dicha razón, estima necesario llegar a un acuerdo con la oposición sobre los temas más importantes y urgentes que tiene planteados el gobierno. Así, ese mismo año de 1981, Felipe González y Leopoldo Calvo Sotelo firman los llamados “Pactos Autonómicos” para generalizar el proceso de descentralización y lograr, en corto plazo, una distribución homogénea del poder.

Una vez defenestrado Adolfo Suárez y ya cesado Calvo Sotelo, el avispado presidente de la Generalidad de Cataluña, Jorge Pujol, se aproxima a los socialistas y ofrece su apoyo a Felipe González. Ello le reportará, como era de esperar, grandes beneficios políticos a la Generalidad. El mayor traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas lo hizo, precisamente, Felipe González. Él había firmado, en 1981, con Leopoldo Calvo Sotelo el primer gran pacto para los llamados Acuerdos Autonómicos, los cuales propiciaron que en 1983 todas las autonomías ya dispusieran de sus propios estatutos. Entre 1981 y 1984 la Administración del Estado transfirió 486 funciones y servicios a las Comunidades Autónomas.

No conformes algunas autonomías con el techo de competencias alcanzado, se producen fuertes presiones por parte de estas y, en 1992 se firma el llamado “segundo gran pacto autonómico” entre Felipe González y el líder del P.P. José Mª Aznar. En este nuevo documento se fijó el marco para transferir 32 nuevas competencias, incluida la Educación, en un intento de igualar a las comunidades de “vía lenta” con las “históricas”.

Pero donde verdaderamente se puede apreciar la dejación o, incluso connivencia, del gobierno de la Nación, respecto a los excesos de los secesionistas, es en el “Caso Banca Catalana”, ocurrido durante la época de Felipe González. Carlos Jiménez Villarejo, Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se encontró sin el apoyo del Presidente del Gobierno para impulsar la querella contra Pujol, quien, con todo desparpajo, al enterarse de que no iba a ser procesado dijo: El futuro ha pesado más que el pasado. Así, con esta impunidad que le proporcionaban las relaciones deshonestas con el poder, el ex honorable pudo llegar a la situación límite actual, que le ha destruido social y políticamente.

En resumen, con Felipe González como Presidente del Gobierno, desde 1982 hasta 1996, se transfirieron a las Comunidades Autónomas 1.368 competencias del Estado, dejando a éste casi inerme frente a unas cada vez más crecidas y envalentonadas autonomías.

Llegados  al año 1996, con el acceso de José Mª Aznar a la presidencia del gobierno, las cosas no cambian a mejor. Dado que éste precisa apoyos en el Congreso de los Diputados decide pactar con CIU (es el llamado Pacto del Majéstic) y, como resultado del mismo, se acuerda el traspaso de más competencias a la Generalidad, entre ellas la cesión del 33% de la recaudación del IRPF (antes era el 15%), del 35% del IVA (desde el 0% anterior) y del 40% de los impuestos especiales. Además, las competencias en Tráfico,  la supresión de la figura del Gobernador Civil, la suspensión del servicio militar obligatorio y, la guinda del pastel: la defenestración del presidente del PP en Cataluña, Alejo Vidal-Quadras, quien, en aquel entonces, se había significado especialmente por desarrollar una oposición inteligente y frontal contra el nacionalismo separatista  personificado por Jorge Pujol.

Pero Aznar fue más allá. Tras la aprobación de la Ley autonómica de Política Lingüística de 1998, que establecía una clara discriminación hacia los castellanohablantes –especialmente en el ámbito de la educación- evitó recurrirla ante el Tribunal Constitucional y maniobró para que el defensor del Pueblo tampoco lo hiciera. El propio Pujol, en sus memorias, agradeció públicamente al expresidente del gobierno las facilidades que le dio:

Aznar, hombre de palabra, cumplió los compromisos del pacto y creo las condiciones para que las relaciones con el PP de Cataluña fueran más cordiales y de mejor colaboración. Pudimos pasar de la actitud agresiva de Aleix Vidal-Quadras, su líder en Cataluña durante los últimos años, a la de Josep Piqué y Francesc Vendrell.

Aznar llegó a ofrecer en varias ocasiones a CIU entrar en su gobierno, posibilidad que siempre fue rechazada por Pujol.

Pero, aun siendo graves las cesiones de los gobiernos de España durante la época que hemos visto, todavía faltaba la gran deconstrucción del Estado, dirigida por Rodríguez Zapatero, que cristalizó el año 2006 con la aprobación por las Cortes Generales del nuevo Estatuto de Cataluña, en cuyo preámbulo se hace constar de forma clara e inequívoca que Cataluña es una Nación; se incorporaban, además, las relaciones bilaterales entre el Estado Español y la Generalidad de Cataluña, tal cual como si se tratara de dos países diferentes.

Pero Zapatero no solo impulsó la reforma del Estatuto de Cataluña, sino que autorizó a Mas a aumentar la desorbitada deuda de la Generalidad, ocasionando, con ello, una reclamación sistemática del resto de Comunidades. En la etapa de Zapatero se cedieron los trenes regionales, el 50% del IVA, IRPF e Impuestos Especiales, autorizando, además, la creación de una Agencia Tributaria propia de la Comunidad.

Y llegamos a la época Rajoy con una situación in extremis, con un notable aumento de la presión separatista y la paradójica inacción del Gobierno. Pero ese resultado indudablemente ha sido fruto de una errática política donde siempre ha prevalecido el interés del partido por encima de los intereses generales de España. Desde que Rajoy accedió a la presidencia dl Gobierno, en el año 2011,  no ha hecho más que ceder manteniendo, eso sí, una fingida dialéctica de firmeza en relación con la defensa de la unidad de España.

En el mes de febrero de 2012 la Generalidad de Cataluña estaba al borde de la suspensión de pagos, pero Rajoy les entregó 37.000 millones de euros, con lo que los separatistas pudieron evitar la quiebra y financiar su estrategia de sedición.

Llegados al 9 de noviembre de 2014 Arturo Mas, desoyendo la resolución del Tribunal Constitucional, que había suspendido cautelarmente la consulta –también llamada “referéndum”- sobre la independencia de Cataluña, se atreve a realizar tal acto ilegal. Ese desacato a la Justicia no tuvo, sin embargo, ninguna consecuencia grave para los responsables, tan solo un “tirón de orejas” en forma de inhabilitación de dos años para Arturo Mas, un año y nueve meses para Juana Ortega y un año y medio para Irene Rigau, lo cual, evidentemente, para sus huestes significó toda una aureola de “mártires”.  Habían conseguido que, por primera vez, en un país europeo, se pudiera celebrar un referéndum en contra de las leyes del Estado.

Vistas las consecuencias de tal “referéndum” ilegal, los responsables de la Generalidad perseveran en su actitud de rebeldía y, una vez situado Puigdemont en la presidencia de la Institución, se radicalizan las exigencias al tiempo que se procede a la movilización de todo el espectro separatista buscando, incluso, apoyos internacionales. En abril de 2016 Rajoy, para guardar las formas, solo dice que “no hará cesiones a Puigdemont y solo le ofrecerá diálogo”. Pero lo cierto es que el 18 de diciembre de ese mismo año los presupuestos de la Generalidad para 2017 ya contenían una partida de 5,8 millones de euros para la consulta separatista que tienen prevista para el 1 de octubre del corriente. Ante ese hecho, el Gobierno no ha respondido. Y no lo ha hecho porque Rajoy ya tiene diseñada su estrategia de cesiones para calmar la actitud extremista de los separatistas que gobiernan en Cataluña, entre cuyas medidas figura la retirada de la mayor parte de los recursos que el Estado tiene interpuestos ante el Tribunal Constitucional. Según información obtenida de Internet, el presidente del Gobierno estaría incluso dispuesto a dotar a la administración autonómica de competencias exclusivas en materia de lengua, enseñanza y cultura, según se desprende del documento con las 46 peticiones de la Generalidad, del que solo tachó el referéndum. “Nuestra obligación es diseñar entre todos un camino alternativo al de la colisión que supone convocar un referéndum” ya que “hay muchas cosas que se pueden aplicar sin cambiar la Constitución y que son fáciles de aplicar”, según afirmó Millo, Delegado del Gobierno en Cataluña.

Siguiendo por esa misma vía, un poco más tarde, el 29 de marzo del corriente año, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en un nuevo intento por bajar la presión del movimiento separatista catalán, ofrece, ante unos 500 empresarios, un paquete de inversiones para Cataluña que supera los 4.200 millones.

El actual presidente de la Generalidad, envalentonado ante la pasividad de Rajoy, se permite amenazar en el mismísimo ayuntamiento de Madrid, el pasado 22 de mayo, Cataluña votará sí o sí, no importa la palabra del gobierno español. Ya no nos sobra tiempo. Aunque España no quiera habrá referéndum y articularemos un nuevo Estado catalán. Al día siguiente la Generalidad pide “formalmente” al Gobierno negociar el referéndum y “espera una respuesta”, ante lo cual responde Rajoy que “es inaceptable e inasumible” y que “preservará el Estado de derecho frente a la cacicada que pretende el mandatario catalán”. Pero lo cierto es que Rajoy ha dejado pudrir el tema de la rebelión de la Generalidad, tolerando sistemáticamente el incumplimiento de la Ley y el abandono de facto de más de la mitad de la población de Cataluña que no es separatista. No olvidemos que la anterior “consulta” ilegal solamente ofreció un 37% de “votos favorables” a la secesión.

Sin embargo, y a pesar de todas las concesiones, el gobierno de la Generalidad de Cataluña ha roto todos los puentes y se aboca a un choque institucional de consecuencias imprevisibles. La respuesta del Presidente Mariano Rajoy a la carta de Carlos Puigdemont ha constatado que no habrá salida negociada al conflicto. Ciertamente, el Presidente del Ejecutivo nacional no puede negociar algo que la propia Constitución impide, so pena de verse imputado en un delito gravísimo y sufrir, por ello, las duras consecuencias.

La situación es tan grave que incluso el socialista Alfonso Guerra, que en su día fue Vicepresidente del Gobierno español, ha pedido aplicar el artículo 155 de la Constitución y que se expliquen las razones por las que no se hace.

                                                        

 LAS CONSECUENCIAS

De todo lo visto anteriormente se puede concluir, sin margen de duda,  que estamos inmersos en un verdadero conflicto político pero, también, de carácter sociológico. En realidad, lo que está en litigio es la imponente carga de elementos que pugnan por un gran cambio social. En esa pugna, como es lógico, entran en juego todos los recursos imaginables: económicos, culturales, sociales, laborales, académicos, propagandísticos, etc. Viene a ser como la movilización de dos grandes ejércitos que, como todos,  pretenden la victoria; pero en este caso con la notable diferencia de que mientras uno de ellos está constantemente en la ofensiva, el oponente se bate en retirada.

Como es lógico y natural, la política de constantes cesiones por parte del Estado ha producido, desde hace bastantes años, un efecto psicológico en gran parte de la población de Cataluña. La masa, que por definición es ignorante y acrítica, interpreta que esas cesiones y la inacción del Estado no son más que signos de debilidad y falta de razón. Y eso trae como consecuencia inmediata el incremento del sentimiento de victoria, de euforia, de los segregacionistas por el poder conseguido, arrebatado al Estado. Crece la moral de las masas separatistas, se afirman sus creencias, se robustecen sus afirmaciones y se consolidan sus mitos. Porque el sentimiento de victoria tiene un impacto positivo tanto en los individuos como en el inconsciente colectivo. Cuando un equipo gana, sus seguidores se vuelven más activos, comparten el triunfo de su equipo y lo toman como suyo y les general el deseo de exteriorizar ese sentimiento de triunfo. El éxito deportivo del F.C. Barcelona nos sirve de ejemplo. Es una entidad que arrastra a centenares de miles de seguidores en todo el mundo, pero eso es así porque se presenta como vencedor, titular de múltiples triunfos deportivos y, como es bien sabido, la masa tiende a unirse siempre a quien vence. Por el contrario, procura separarse del perdedor. Eso es así desde que el mundo es mundo, y forma parte de la naturaleza primaria del ser humano. Gustave Le Bonn, estudioso francés de la psicología social, observó que el individuo masificado adquiere un alma colectiva por la cual piensa y siente de distinta manera que si lo hiciese de manera aislada. Una persona que forma parte de una masa deja de ser independiente, es más, se subordina al grupo al que pertenece.

Cuando Ortega y Gasset escribió su ensayo La rebelión de las masas partió del análisis que le ofrecía la realidad de su tiempo, pero entonces estaba muy lejos de conocer la eclosión actual. Hoy las masas son el poder y, en consecuencia, hay que adularlas, pero sin dejar de conducirlas por el camino dispuesto por los poderes fácticos, por los partidos políticos encaramados en las estructuras del poder. Ortega afirmaba que en las élites de entonces se estaba produciendo una corrupción por el exceso de “intelectuales incualificados, incalificables y descalificados”. Ya podemos imaginar qué es lo que diría hoy el maestro.

En consecuencia, esa sería la explicación psicológica del crecimiento importante del movimiento separatista en Cataluña.

Frente a esa ofensiva secesionista, alimentada por ingentes medios de difusión directos e indirectos, el Estado permanece inerme, ausente del campo donde se está dirimiendo el “partido”; no esgrime razones opuestas a las tesis separatistas; tolera la manipulación de los alumnos del sistema educativo catalán; consiente la falsificación de la Historia…, todo ello dentro de un ambiente ciudadano cada vez más radicalizado. Mientras, los que avanzan lo hacen con una gran moral de victoria, cuyos efectos son los siguientes:

La victoria, es la sensación haberlo logrado, es el sentimiento de haber llegado al lugar que anhelábamos.

El valor de la victoria, es el valor de soñar y no quedarnos ahí, es el valor que nos impulsa a caminar para llegar cada vez más lejos.

La victoria es el valor que nos permite sentirnos autorrealizados, con ganas de seguir soñando y corriendo en busca de esos sueños, es el valor que nos da la fuerza para seguir aún en contra de la adversidad.

Llevar la victoria en nuestro interior es sentirnos como unos verdaderos ganadores, y actuar en pro a la conquista.

                                                                                  (Definición de Katherine Giraldo)

Está demostrado que en el alma humana no existe el vacío y, por lo tanto, todo el espacio que no ocupe el generoso sentimiento patriótico español lo ocupara un sucedáneo. Un gran sector de las masas en Cataluña hoy tiene la sensación de que las tesis que enarbola el separatismo son ciertas y las acepta. Creen, en su ignorancia, que los secesionistas tienen razón; y eso es así porque el Estado, como se ha dicho, ha hecho dejación de sus deberes como ente formador de la conciencia ciudadana y patriótica, ha desertado de su puesto de promotor de la unidad entre los españoles.

A título de breve conclusión podemos decir que el problema real del secesionismo en la Cataluña de hoy está ubicado, principalmente, en el ámbito sociológico. Sus agentes son: la Cultura que se transmite, el sistema educativo, el léxico intencionado, la propaganda…Todo esto conforma un sistema que determina la vida del ciudadano, sus creencias, costumbres, actitudes, usos…y, poco a poco, se obtiene el cambio social apetecido.

Ciertamente no debiéramos sorprendernos, pues las teorías de Antonio Gramsci no afectan solamente a los ámbitos socio-políticos vinculados a la “lucha de clases” en términos marxistas. Las técnicas de modificación y cambio de los valores y creencias del ser humano son aplicadas también a otros frentes que tienen como objetivo la regresión histórica de las unidades de convivencia humana; es decir, la segregación de grupos que secularmente han formado grandes unidades históricas.